Por Yolanda Monge*

Por orden directa del ex vicepresidente Dick Cheney, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ocultó al Congreso de Estados Unidos la existencia de un programa antiterrorista secreto durante los últimos ocho años y al que puso fin el pasado 23 de junio, nada más conocerlo, su actual director, Leon Panetta. Él mismo fue quien lo desveló durante dos audiencias con los comités de Inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado a finales de ese mes (Foto El director de la CIA, Georges Tenet; el vicepresidente Cheney, Condoleezza Rice y Georges W. Bush (de izquierda a derecha), en octubre de 2001.- AP).

El contenido concreto del programa sigue sin conocerse. Sólo se sabe que se inició justo después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y que nunca llegó a estar totalmente operativo. Tan sólo se empezaron labores de planificación y entrenamiento, que comenzaron en aquellos meses finales de 2001 y han durado hasta este mismo año.

Fuentes cercanas a lo que se discutió en ambos comités de Inteligencia del Congreso, citadas por el diario The New York Times, han insistido en que ese plan antiterrorista no está relacionado con el polémico programa sobre detenciones e interrogatorios de la CIA, que incluye el waterboarding o asfixia simulada.

Como excusa para fabricar semejante plan y mantenerlo fuera del escrutinio del Congreso, sus arquitectos alegaron el temor a nuevos atentados y a que cualquier filtración pudiera provocar nuevos ataques por parte de Al Qaeda. Las fuentes mencionadas por la prensa norteamericana afirman que la existencia de ese programa no le fue comunicado siquiera verbalmente a lo que se conoce como "la banda de los ocho", en referencia a los líderes republicanos y demócratas de ambas cámaras del Congreso y de sus comités de Inteligencia.

El conflicto que se avecina no es tanto por el contenido del programa como por el hecho del secretismo que practicó en líneas generales la anterior Administración y en concreto Cheney. El ex vicepresidente podría haber aprovechado para rehuir la comparecencia ante el Congreso algunas fisuras ambiguas que contiene la Ley de Seguridad de 1947, que obliga al presidente de Estados Unidos a mantener "totalmente informados" a los comités de Inteligencia del Capitolio sobre actividades "de inteligencia", pero que también señala que esas sesiones informativas deben ser llevadas a cabo "teniendo siempre en cuenta la prevención de la divulgación no autorizada de información clasificada".

Pero, ¿por qué ningún otro director de la CIA había ordenado paralizar el programa antiterrorista ocultado al Congreso? Según una fuente conocedora de las declaraciones de Panetta, la razón es que hasta ahora no se había encontrado suficiente información sobre el programa, que, al parecer, estaba en estado embrionario. A pesar de que ahora tampoco parece haberse avanzado mucho en su conocimiento, Panetta ha decidido ponerle fin. Un día después de tomar su decisión, el director de la CIA convocó una reunión de emergencia con las comisiones de Inteligencia para informarles de lo sucedido.

El conocimiento de la participación clave de Cheney en el programa antiterrorista de la CIA llegó justo un día después de que se hiciera público un informe redactado por cinco inspectores generales del Departamento de Justicia, que asegura que la Administración de George W. Bush coordinó una operación de vigilancia sin precedentes para reunir cantidades ingentes de información, que fue mucho más allá de las escuchas telefónicas sin orden judicial de las que ya se sabía.

Se desprende del documento del Departamento de Justicia que Cheney practicó con vehemencia el uso del secretismo durante su paso por el poder. El informe asegura que el ex vicepresidente ordenó que fuera un círculo mínimo de personas dentro de la Casa Blanca quienes conocieran los programas de escuchas ilegales llevados a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional. La persona que decidía quién era informada y quién no, dentro del cerrado grupo de ayudantes de Bush, era el jefe de la oficina de Cheney, David Addington.

Desde que se crearon en la década de los setenta tras conocerse la participación de la CIA en asesinatos y otros abusos, los comités de Inteligencia del Congreso han visto cómo en más de una ocasión se les sustraía información o se les engañaba. Durante los años de George W. Bush, esas acusaciones aumentaron a medida que la agencia tenía cada vez un papel más preponderante en la lucha contra Al Qaeda. Y por ejemplo, a pesar de que el uso de técnicas de interrogatorio que se pueden considerar torturas fueron descritas al Congreso en 2002, incluido el waterboarding, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, asegura que la agencia mintió sobre lo que estaba sucediendo. Cuando el Congreso supo de la existencia del waterboarding, al sospechoso de terrorismo Abu Zubayda ya se le había aplicado 83 veces.


El fiscal general planea investigar las torturas

El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, está considerando la posibilidad de crear una figura dentro del Departamento de Justicia que investigue las prácticas de interrogatorio usadas durante el gobierno de George W. Bush tras los ataques terroristas del 11-S. La decisión no estará exenta de polémica, ya que entrará en conflicto con el deseo manifestado en más de una ocasión por el presidente Barack Obama de "mirar hacia el futuro y dejar atrás el pasado". "Espero que cualquier decisión que tome no tenga un impacto negativo sobre la agenda del presidente", declara Holder esta semana en la revista Newsweek. "Pero eso no puede ser parte de mi decisión".

Según los medios de comunicación estadounidenses, Holder tomará una decisión en las próximas semanas. El portavoz de Justicia, Matt Miller, declaró ayer que Holder planea "actuar según los hechos y según la ley". "No hemos tomado decisiones sobre investigaciones ni procesos, incluida la posible designación de un fiscal", dijo Miller. "Como ha dejado claro el fiscal general, sería injusto procesar a un funcionario que actuó de buena fe usando como base la asesoría legal del Departamento de Justicia".

Esta declaración hace referencia al hecho de que la investigación, si se iniciase, sólo tendría por objetivo a aquellas personas que fueron más allá de lo que autorizó la Oficina Legal de la Casa Blanca. Pero quedarían libres de toda mancha los agentes de la CIA que pusieron en práctica los métodos entonces aprobados y hoy considerados tortura, ya que cumplían órdenes.

La revista Newsweek informó el sábado pasado sobre el hecho de que Holder quiera nombrar un fiscal especial que investigue los abusos cometidos durante la era Bush. El fiscal general se dice consciente de las consecuencias políticas de lanzar una investigación y asegura que preferiría no crearle problemas innecesarios a la Casa Blanca. Pero a renglón seguido, Holder justifica su intención en la consternación que le crearon las revelaciones acerca del tratamiento de detenidos en las "prisiones negras" de la CIA en el extranjero.

Fuente: El Pais 13/7/2009

Micheletti ve las elecciones como salida a la crisis en Honduras

Por Juana Casas y Enrique Andrés Pretel

El Gobierno interino de Honduras contempla a los próximos comicios como una vía para desactivar definitivamente el conflicto político y escapar de la condena internacional por el golpe de Estado, al tiempo que abrió la puerta a una amnistía para el depuesto Manuel Zelaya.

Sin embargo, el derrocado líder hondureño insiste en que retornará como presidente del país centroamericano, donde las autoridades provisionales le levantaron cargos por traición a la patria, abuso de poder y corrupción tras su intento de modificar la carta magna y abrir la puerta a la reelección.

"Creo que adelantar las elecciones es una propuesta que (...) no es descabellada. Podría ser una solución para este problema, porque una vez enfilados en la campaña política de repente se pierde un poco esto", dijo el domingo el presidente de facto, Roberto Micheletti, en una entrevista con Reuters.

El Gobierno interino ha asegurado que entregará el poder en enero al ganador de los comicios previstos para noviembre, aunque la fecha podría adelantarse si hubiera acuerdo entre los principales partidos y la autoridad electoral.

Micheletti, que asumió el poder horas después de que Zelaya fuera secuestrado y expulsado del país por militares a punta de pistola el 28 de junio, dejó entrever una flexibilización de su duro discurso contra el depuesto mandatario, asegurando que estaría de acuerdo con una amnistía si la justicia lo permite.

"Yo creo que sí (...) Nosotros debemos buscar la paz y eso (la amnistía) es parte de ello. No tenemos ningún inconveniente", dijo, en el marco de las conversaciones que se iniciaron con la mediación de Costa Rica para superar la peor crisis política centroamericana en las últimas dos décadas.

Sin embargo, el veterano político hondureño insistió en el planteamiento central de partidos, la justicia, empresarios y militares de que no existe ninguna posibilidad de que Zelaya regrese al poder en el país más pobre del continente americano tras Haití y Nicaragua, a menos que sea para ser juzgado.

Por su parte, Zelaya, quien está en Nicaragua, ha abogado en los últimos días por la restitución en su cargo y ha señalado que una salida del Gobierno interino "es lo más honroso para las democracias de América Latina".


EN BUSCA DE LA NORMALIDAD

Honduras volvía poco a poco a la normalidad, con las marchas a favor y en contra del derrocado mandatario cada vez menos frecuentes y concurridas, tras días de protestas agitadas en las que murió un seguidor de Zelaya en un enfrentamiento con militares.

El Gobierno interino levantó el domingo el toque de queda que regía desde el día del golpe, cuando Zelaya iba a realizar una consulta popular sobre la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente para reescribir la Constitución como hicieron sus aliados izquierdistas de Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Micheletti, un viejo rival político de Zelaya que nunca logró el apoyo de su partido para presentarse a la presidencia, dijo que las conversaciones abiertas entre las partes para buscar una salida dialogada al conflicto se reanudarán "en aproximadamente 8 a 10 días".

Mientras, el Gobierno de facto quiere asentarse en el poder y cada día juran el cargo nuevos responsables, pese a que ha quedado aislado internacionalmente y las sanciones económicas podrían poner en peligro la pequeña economía exportadora de café y textiles.

Los empresarios han cerrado filas con la administración de Micheletti anunciando que congelarán e incluso reducirán los precios de algunos productos de la canasta básica, mientras el Gobierno interino anunció una reducción de gastos ante los difíciles meses que se le presentan.

Suspendida de la Organización de Estados Americanos (OEA), Honduras se enfrenta a la congelación de nuevos préstamos por parte de organismos multilaterales que financian proyectos de desarrollo y la amenaza de un corte de ayuda financiera de Estados Unidos por importe de 180 millones de dólares.

Por su parte, los maestros continúan un paro que ya se prolonga durante 15 días y que ha dejado a más de 2 millones de niños sin clases para presionar por el regreso de Zelaya.

Fuente: Reuters 13/7/2009

Juan Federico Arriola*

San Salvador. A invitación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, hago una breve visita académica de investigación sobre derechos humanos y criminología.

El Salvador es un país que ha salido de una terrible guerra civil, de una represión sistemática, en la que fallecieron decenas de miles de personas y no sólo salvadoreños,
también extranjeros. Además, muchos salvadoreños por razones económicas y políticas se vieron obligados a emigrar y hoy una de las fuentes principales de ingreso son las remesas -igual ocurre en México- que envían muchos salvadoreños a sus familias.

La amenaza de la estabilidad política en El Salvador es la delincuencia. El Gobierno y la
Asamblea Nacional lo saben y enfocan sus esfuerzos en atacar el fenómeno delictivo. Su plataforma de despegue es su reciente democracia que ya experimentó alternancia en el poder. Los salvadoreños saben muy bien que el fortalecimiento de su democracia pasa por la generación de empleos y una mejor educación, en otras palabras, no puede haber un claro desarrollo social sin respeto a los derechos humanos.

México va en sentido contrario a El Salvador. Los factores reales de poder y algunos partidos políticos y dirigentes van a romper la liga social. La democracia mexicana no podrá resistir más los embates de la oligarquía inserta en algunas empresas y sindicatos y que encuentran protección en sitios oficiales.

Las últimas elecciones mexicanas dejan varias lecciones: hay un creciente desinterés ciudadano por la política y los partidos. El Partido Revolucionario Institucional se fortalece, pero eso no significa su democratización interna ni su limpieza en temas de corrupción donde políticos prominentes de ese partido no están presos, sino que disfrutan de una amplia impunidad. Muchos votantes castigaron al Partido Acción Nacional y al gobierno de Calderón, porque no ha cumplido con sus promesas de campaña: hay más desempleo y más inseguridad pública en todos los niveles.

El gobierno de Calderón presume tener los mejores números: mayor decomiso de armas y dinero proveniente del narcotráfico, pero no dice cuánto ha subido el nivel de violencia traducido en miles de muertos al año y el grave deterioro de los derechos humanos.

¿México va hacia una guerra civil? Nadie lo desea y tampoco lo augura, pero los tejidos sociales en México están cada vez más dañados. La delincuencia organizada, el egoísmo y la insatisfacción de los factores reales de poder y la torpeza gubernamental y de los actores políticos en el Congreso Federal y los partidos nos acercan a un escenario de violencia mayúscula, quizá no como en El Salvador, pero finalmente violencia con cualquier pretexto: protesta pos electoral, falta de empleos, mayor inseguridad e impunidad que cada vez es más evidente a pesar de los discursos oficialistas que no tienen correspondencia con la realidad.

Juan Federico Arriola es Profesor Investigador del Departamento Académico de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Doctor en Derecho y Maestro en Filosofía.